La Justicia entrerriana ordenó este miércoles al Gobierno provincial suspender la distribución de alimentos con sellos de advertencia en las escuelas públicas y regresar temporalmente a la modalidad de asistencia alimentaria anterior.
La medida fue dictada este 5 de agosto por el Dr. Juan Francisco Malvasio, Vocal de Juicio y Apelaciones Nº 9 de la ciudad de Paraná, al hacer lugar a una medida cautelar en el marco de una acción de amparo colectivo.
La demanda (Legajo de OGA Nº 36759) fue impulsada conjuntamente por un grupo de padres en representación de sus hijos, patrocinados por los abogados María Aldana Sasia y Rubén Alberto Pagliotto; la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), representada por la Dra. Verónica Fischbach; y la Fundación CAUCE: Cultura Ambiental, Causa Ecologista, representada por la abogada Valeria Inés Enderle.
Los amparistas solicitaron que se ordenara a la provincia “abstenerse de ofrecer, servir, entregar o distribuir, en establecimientos educativos dependientes del Consejo General de Educación, de cualquier nivel educativo, todo alimento que contenga uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias”, luego de que se conociera la decisión oficial de comenzar a servir en los establecimiento educativos alimentos provistos por Teknofood.
El objetivo de los demandantes era “asegurar una alimentación adecuada y saludable para los niños, niñas y adolescentes” que asisten a establecimientos dependientes del Consejo General de Educación (CGE) y son beneficiarios del programa alimentario escolar.
Los amparistas basaron su reclamo en normativas vigentes que protegen la salud integral de los menores. En el texto judicial se destaca que la solicitud busca tutelar derechos reconocidos tanto en la Constitución Nacional y Provincial, como en la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley 26.061.
Asimismo, la prohibición de los productos objetados se funda específicamente en el artículo 12 de la Ley 27.642, conocida como Ley de Promoción de la Alimentación Saludable o de Etiquetado Frontal.
La Justicia notificó la resolución con habilitación de días y horas inhábiles, dada “la naturaleza de los derechos comprometidos”.
Malvasio resolvió hacer lugar a la medida cautelar y ordenar al gobierno que “hasta tanto se dicte sentencia definitiva en autos o se disponga el cese o modificación de la presente medida, se abstenga de ofrecer, servir, entregar o distribuir en los establecimientos educativos públicos provinciales dependientes del CGE productos alimenticios no perecederos destinados a desayunos y meriendas que contengan uno o más sellos de advertencia o leyendas precautorias”.
Apelación
El Gobierno de Entre Ríos informó que apelará la medida cautelar dispuesta este miércoles por la Justicia y ratificó que continuará garantizando la alimentación de los alumnos en todas las escuelas de la provincia.
La apelación es contra la resolución judicial que dispuso una medida cautelar respecto de la implementación del nuevo sistema de provisión para desayunos y meriendas, en el marco de una acción de amparo.
Desde la Fiscalía de Estado se aclaró que la resolución no constituye una sentencia sobre el fondo de la cuestión, sino una medida provisoria adoptada mientras se sustancia el proceso judicial. La legalidad del sistema impulsado por la Provincia aún no ha sido resuelta y será objeto del correspondiente debate durante la tramitación de la causa.
Asimismo, se recordó que el plazo para contestar la demanda vence recién este viernes, por lo que el proceso judicial se encuentra todavía en una etapa inicial.
La provincia apelará la medida cautelar y ejercerá los recursos previstos por la legislación vigente, presentando los argumentos técnicos y jurídicos que respaldan el nuevo sistema de provisión alimentaria.
Esgrimieron que la implementación del nuevo sistema fue diseñada de manera gradual. En ese marco, desde el inicio del proceso el Gobierno provincial instruyó a los directores de todos los establecimientos educativos para que, hasta tanto la nueva modalidad estuviera plenamente operativa, continuaran garantizando la prestación alimentaria mediante el mecanismo que se encontraba vigente. Por esa razón, la medida cautelar no modifica la continuidad del servicio ni el normal funcionamiento de los establecimientos educativos.
Se indicó que el nuevo sistema de provisión alimentaria forma parte de una política pública impulsada por el Gobierno de Entre Ríos para fortalecer la transparencia en la administración de los recursos del Estado, mejorar los mecanismos de compra y distribución y dejar atrás prácticas que durante años fueron objeto de cuestionamientos y denuncias por irregularidades. La provincia defenderá ese objetivo durante el proceso judicial, convencida de que el combate contra la corrupción y el uso eficiente de los recursos públicos constituyen una obligación irrenunciable del Estado.
Fuentes Prensa Gobierno provincial/Ahora Entre Ríos