El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI) mantiene una deuda de 1.704.123.743 pesos con 57 efectores públicos de salud de Entre Ríos. La cifra, actualizada al 25 de junio de 2026, alcanza a prácticamente toda la red hospitalaria provincial: desde el Hospital Fidanza de Paraná hasta el pequeño nosocomio vecinal de Maciá, pasando por los dos hospitales de salud mental, los geriátricos públicos y la propia sociedad del Estado Salud Entre Ríos S.E. El dato surgió como respuesta oficial que el organismo entregó a un pedido de acceso a la información pública formulado por Análisis en el marco de la Ley 27.275.
La deuda del PAMI con Salud de Entre Ríos es realmente preocupante. En una provincia en crisis, con hospitales y centros de salud con carencias graves cada día por la falta de presupuesto, que uno de los principales organismos nacionales tenga una deuda de más de 1700 millones de pesos con esta provincia, es penoso. Pero no es una especulación; es un dato oficial informado por el propio PAMI central. La respuesta, firmada por la responsable de Acceso a la Información Pública del Instituto y remitida el 15 de julio dentro de los plazos legales, reúne los informes de tres áreas: la Gerencia de Medicamentos, la Gerencia Económico Financiera y la Unidad de Gestión Local XIV con sede en Paraná. Los tres documentos, con sus anexos y planillas, componen una radiografía inédita del funcionamiento de la obra social más grande de América Latina en territorio entrerriano, donde atiende a más de 84 mil afiliados solamente en el área de la UGL XIV, que abarca Paraná y los Departamentos del centro y la costa del río.
El detalle de la deuda, remitido en una planilla por la Gerencia Económico Financiera que conduce Federico Miguel Lofaro, muestra una concentración notable en los grandes efectores provinciales. El principal acreedor es Salud Entre Ríos S.E., la sociedad del Estado creada para administrar la facturación hospitalaria, con 237,7 millones de pesos. Le siguen el Hospital Dr. Enrique Fidanza de Paraná, con 216,7 millones; el Hospital Geriátrico Dr. Pascual Palma, también de la capital provincial, con 192,2 millones; el Hospital Dr. Brage Villar de Hasenkamp, con 117 millones; y el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, con 93,8 millones. Más atrás aparecen el Geriátrico Dr. Domingo Cúneo con casi 69 millones, el Hospital San Blas de Nogoyá con 66,6 millones, el San Roque de Rosario del Tala con 52,4 millones y la Colonia de Salud Mental de Diamante con 51,3 millones. La lista continúa con montos millonarios para los hospitales de La Paz, Victoria, Gualeguay, Crespo, Federal, Federación, Concordia, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú y una veintena de localidades más pequeñas.
Hospitales de la zona
En el caso del hospital Santa Rosa de Chajarí, esa deuda asciende a unos 22,5 millones de pesos aproximadamente. Se estima unos 5 millones desde 2018 a 2023 y desde mayo de ese año al presente, unos 20 millones aproximadamente.
En el caso del hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera se arancelan solamente las consultas ambulatorias. En enero de 2026 recibieron el pago de mayo y junio del año pasado, unos dos millones de pesos, pero desde julio 2025 al presente no recibieron ningún pago y la deuda actualizada es de 4 millones.
En tanto, con el hospital San José de Federación, no existe deuda, ya que no tiene incorporado el sistema de arancelamiento por el cual se factura a las obras sociales de los pacientes que acceden a la salud pública.
Más datos
La planilla oficial desagrega la deuda en dos circuitos de facturación, identificados como FC y FU, que corresponden a los mecanismos de facturación centralizada y de facturación unificada que el Instituto aplica a los hospitales públicos. Por el primero de esos circuitos se adeudan 529,8 millones de pesos y por el segundo 1.174,3 millones, lo que confirma que el grueso del rojo se acumuló precisamente en el nuevo sistema unificado al que los hospitales entrerrianos fueron compelidos a adherirse a partir de 2024. En otras palabras: el PAMI primero obligó a los efectores públicos a facturar por su propio circuito administrativo y luego dejó de pagarles en término por ese mismo circuito.
Pero, tan reveladora como la cifra es la explicación que el propio organismo ofrece sobre las demoras. Consultada expresamente sobre el plazo de pago promedio a los prestadores entrerrianos, la Gerencia Económico Financiera evitó dar un número. En su lugar, admitió por escrito que los pagos se efectúan en función de las partidas presupuestarias que periódicamente gira el Ministerio de Economía; que esa disponibilidad de fondos determina tanto el orden de prioridad como la posibilidad concreta de realizar las cancelaciones, y que los plazos se ven directamente influidos por las fluctuaciones en la recaudación nacional, las cuales han experimentado una disminución en el contexto actual. La confesión no es menor: el organismo reconoce que la caída de la recaudación impacta en la regularidad de las transferencias y en la capacidad de normalizar los pagos en los términos originalmente previstos. Es decir que los hospitales entrerrianos que atienden a los jubilados cobran cuando el Palacio de Hacienda gira los fondos, y el Palacio de Hacienda viene girando menos.