Argentina tiene una Constitución federal. Así se expuso en la Carta Magna sancionada en el año 1853 y de la que Buenos Aires no participó, y también en cada una de las reformas; la última en 1994.
Los habitantes del Litoral argentino saben muy bien el costo que, históricamente, tuvo lograr imponer el artículo 1º de la Constitución: “La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana federal, según la establece la presente Constitución”.
Claro está que Buenos Aires no estaba contenta con esto ya que le quitaba poder, por eso no tomó parte de la sanción de la Constitución de 1853. No fue la primera vez que miraba para otro lado si algo no convenía a los intereses del poder que ostentaba; incluso, cuando se vio forzada a firmar algunos acuerdos lo hizo para su conveniencia o bien no cumplió lo acordado. El federalismo no era algo que estaba en los planes de los porteños.
Con el paso de los años el federalismo estuvo presente en las palabras de campañas y en algunas intenciones, pero no en los hechos.
Hoy, a 170 años de la sanción de la Constitución Nacional impulsada y concretada por decisión de Justo José de Urquiza, el federalismo sigue esperando.
Asimismo y en este tema, debemos recordar que en la reforma del año 1994, la Constitución impone un artículo sobre la figura de la coparticipación federal de impuestos, pero tres décadas más tarde aún Argentina no pudo cumplir el mandato constitucional de darse una nueva normativa sobre el particular.
Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituiría regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos. Hay que destacar además, que toda creación o modificación del régimen transitorio vigente, requiere para su validez de la aprobación de la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lamentablemente, hay que insistir en que el paso del tiempo demuestra que la voluntad de los constituyentes no se plasmó. El régimen de coparticipación federal se rige por la Ley N° 23.548 del año 1988, cuya nota principal al momento de su sanción fue la transitoriedad.
En los tiempos que corren, en campaña electoral, la figura de Javier Milei tomó una fuerza que muchos no esperaban, pero en ese marco, se advertían algunas ideas preocupantes para el interior. Cuando el libertario dijo “Ministerio de Obras Públicas, afuera” y dio señales de ir en serio contra la coparticipación federal, no pocos comenzaron a ver la propuesta de una manera diferente. La motosierra contra los presupuestos provinciales era inadmisible. El objetivo era reducir al mínimo el financiamiento nacional. ¿El federalismo?, no se incluía en las propuestas.
Hay que admitir que en el discurso de su oponente, Sergio Massa, el federalismo aparecía como promesa pero no era creíble, ya que lo hacía a poco de las elecciones, pero no lo hizo siendo funcionario o legislador.
¿Es posible sin protección?
La pregunta que es necesario hacerse es si es posible, para las economías regionales, producir y mantener fuentes de trabajo e inversiones si carecen de ayuda de la Nación, o si, como sucediera no hace mucho, la Nación deja en sus arcas fondos que pertenecen a las provincias.
En los mejores años de la Argentina agroexportadora las economías provinciales tuvieron protección y no quedaron expuestos a las vicisitudes impuestas por el mercado. Las grandes producciones regionales fueron preservadas. ¿Hubiera existido la Argentina moderna sin esta ayuda de la Nación?
En 1880, se logró una alianza llamada Pacto Roquista. Cesaron los conflictos interprovinciales y sectores de la burguesía del litoral se asociaron con las burguesías provinciales. Pero no todas fueron rosas, ya que si bien se estableció el libre comercio en general, se exceptuó a las economías regionales. El Estado nacional se impuso el desarrollo de los ferrocarriles, que traían los productos regionales a las grandes ciudades. Ese Pacto no duró para siempre.
Más tarde, la crisis del 30 pegó duro en las provincias, y éstas aplaudieron cualquier ayuda llegada desde la Nación. Más tarde Perón reeditó el Pacto Roquista al nacionalizar los ferrocarriles y subsidiar sus tarifas. A través del IAPI, que comercializaba los productos agrarios, subsidió las producciones regionales pagando por ellas precios superiores a los de mercado. Fue un alivio importante, pero temporal. No dio nuevas soluciones, aunque que fue un impasse para la decadencia iniciada antes.
El kirchnerismo, con la industria de Tierra del Fuego y mayores partidas de asistencia social, jugó un rol similar, con los mismos efectos.
En el gobierno de Menem se nacionalizaron empresas del Estado y algunas políticas impulsadas fueron devastadoras para las economías regionales.
Hoy se plantean ideas similares. Aunque Menem alcanzó la presidencia prometiendo salariazo y revolución productiva, Milei pensó que podía convencer a las provincias con su presencia. Parece que el libertario olvidó que las mismas dependen de la coparticipación federal para sobrevivir y pagar los sueldos del empleo público provincial y municipal. Además la obra pública fue puesta en tela de juicio por Milei y eso es una cachetada para las provincias.
Lo que hoy vemos, y queda demostrado en las gestiones que el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio realiza con asiduidad en CABA, es que el tema central sigue pasando por el Gobierno nacional. Eso de que “Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires”, parece que no va a cambiar. La coparticipación depende, por tanto, de la decisión de quien gobierna. ¿Y la ley de coparticipaciones que ordena la Constitución reformada en el ´94?. Sigue durmiendo el sueño de los justos junto con el federalismo una vez más postergado.