La Justicia resolvió a favor de algunos planteos que, mediante un amparo, realizaron varias organizaciones ambientalistas y de protección de la fauna y flora, sobre la resolución del gobierno provincial en cuanto a la autorización de la caza de aves autóctonas.
El vocal de la Sala Tercera de la Cámara Segunda en lo Civil y Comercial, Andrés Manuel Marfil, resolvió este jueves admitir parcialmente la demanda, presentada por el Centro para el Estudio y Defensa de las Aves Silvestres (CEYDAS) y otros, contra el gobierno provincial, y anular la Resolución 1099/22 del 11 de mayo pasado de la Dirección de Recursos Naturales de la Provincia de Entre Ríos. Puntualmente anula el artículo 2 de la norma, que autorizaba la caza para el presente año de las especies autóctonas de Pato Picazo (Netta peposaca), Pato Sirirí Pampa (Dendrocygna viduata), Pato Sirirí Colorado (Dendrocygna bicolor), Pato Capuchino (Anas versicolor) y Perdiz Chica (Nothura maculosa).
“El magistrado también, resolvió anular el artículo 3 en lo referente a ellas, por falta de estudios y razones que lo justifiquen incurriendo conforme se expresa en los considerandos en ilegalidad al contraponerse con las Ley Provincial N°4841 y las Nacionales N° 22421 y N°25675, e inconstitucionalidad e inconvencionalidad en tanto contraviene la Constitución Nacional -art.41- y Provincial -art.22- y las Convenciones y Acuerdo Internacionales (Ramsar, Bonn y Río, Escazú)”, reza la resolución judicial.
De esta forma, el magistrado dispuso que quede prohibida por este año en toda la provincia de Entre Ríos la actividad cinegética en relación a estas especies.
Rechazo
En tanto, la Justicia rechazó las demás pretensiones de las ONGs que presentaron el recurso. Entre ellas, que se declare a las especies animales involucradas como Sujetos de Derecho. Marfil aclaró que son solo seres susceptibles de protección y que el nivel de protección varía en función de cada especie.
También se rechazó la demanda en relación a la liebre, la que por tratarse de una especie exótica introducida con fines cinegético, consideró que resultaba legal la habilitación de su caza, al no contar con un marco supra legal que la proteja por no ser parte de la biodiversidad nativa y no generar daño ambiental su captura.
Tampoco se hizo lugar al pedido que se realicen estudios futuros en relación a los patos y perdices dado que, “ello importaría avanzar sobre las facultades del Poder Ejecutivo y Legislativo que son quienes deben llevar adelante la política ambiental y deben definir primero si los van a realizar o no, sin ellos la habilitación de una nueva temporada no se podrá llevar a cabo en relación a las especies nativas antes mencionadas, y en el supuesto de realizarlas deberán definir cómo se realizarán. Esto es, si los eventuales monitoreos y conclusiones se harán sólo en el marco provincial, o conjuntamente con otras provincias y la Nación; y esas son facultades exclusivas del poder político”, esgrimieron.